Principio de precaución
Hoy en día, por sorprendente que pueda parecer a muchos, se anteponen los intereses mercantiles a los de la salud de las personas.
Se supone que toda sustancia química es "inocente" hasta que, tras muchos años de resistencias industriales, de mucha negación de la evidencia y, ante todo, de muchos miles de personas enfermas o muertas, se demuestra lo contrario.
El nivel de evidencia que suele requerirse es de tal calibre, más cuando mayor sea el poder económico que hay detrás de la comercialización de una sustancia, que cuesta Dios y ayuda llegar a establecer alguna medida medianamente eficaz sobre el control y no digamos la prohibición de una sola sustancia.
Hay en estos momentos sustancias sobre las que se han publicado centenares de estudios científicos en las revistas más prestigiosas acerca de sus graves efectos y, pese a ello, la Administración se inhibe de adoptar medidas contundentes.
Si consideramos que el hombre ha generado más de 100.000 sustancias sintéticas que no había en la Naturaleza y que de ellas solo ha sido evaluado acerca de sus riesgos para la salud y el medio ambiente, de una forma más o menos "adecuada", acaso un 1%, nos daremos cuenta de la situación de descontrol existente.
Como decimos en otro apartado, además, los criterios toxicológicos que se aplican están considerablemente desfasados (y frecuentemente viciados) y no consideran normalmente, ni de lejos, todo lo que debería ser tenido en cuenta.
Se estima, por otro lado, que al ritmo actual de evaluación de sustancias, es probable que se necesitasen miles de años para evaluar las existentes.
Y si tenemos en cuenta que el ritmo de producción de nuevas moléculas supera al de estudio nos daremos cuenta, perfectamente, de que hay algo que falla, y mucho, en lo que pasa.
Debe cambiarse ése esquema por el que toda sustancia química sea inocente hasta que no se demuestre lo contrario por otro opuesto donde toda sustancia química sea sospechosa hasta que no demuestre muy claramente, antes de poder ser puesta en el mercado, su absoluta y total inocuidad.
No debe esperarse a que se hayan producido daños en la vida de las personas para que exista "prueba" (prueba que además será negada una y otra vez como se ha visto reiteradamente).
Debe actuarse antes de que pueda producirse daño alguno.
Ése es el principio de precaución. El que basándose en indicios razonables, prefiera perjudicar unos intereses mercantiles antes que hacerlo con la salud de las personas.
En estos momentos hay base científica suficiente que permitiría actuar contundentemente contra al menos una serie de grupos de sustancias, pero falta la voluntad política para hacerlo al nivel y con la decisión precisos. Falta voluntad incluso aún con sustancias para las que se sabe que hay alternativas perfectamente viables.
El Fondo Mundial para la Defensa de la Salud Ambiental hará lo posible por denunciar esta situación intentando conseguir que la vida humana importe más que un puñado de euros o dólares, intentando preservar su integridad mediante la instauración de un principio de precaución.
Para minimizar las graves consecuencias que están produciéndose es esencial que los gobiernos asuman un papel proactivo que ha de tener uno de sus ejes centrales en el principio de precaución que fue establecido en la Conferencia de Medio Ambiente y Desarrollo que se celebró en Río de Janeiro en 1992 y que se ha integrado a diferentes niveles, como elemento político y jurídico en numerosos países como, singularmente, los de la Unión Europea. Dicho principio marca que en caso de amenaza para el medio ambiente o la salud y en una situación de incertidumbre científica, sin esperar a la existencia de una certeza total, puedan tomarse las medidas apropiadas para prevenir el daño si los males a evitar son graves.
Lo que dice textualmente el principio 15 de lo acordado en Rio es que "con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente"
Este es un principio fundamental absolutamente esencial para que una nación pueda tener una política ambiental y sanitaria realmente avanzada, en muchos ámbitos de gran relieve. Un principio que marca que deba anteponerse, la defensa de la salud humana, por ejemplo, a otro tipo de consideraciones.
El problema es que, muy frecuentemente, este principio no está aplicándose en asuntos de gran relieve. Y para que se aplique no basta simplemente un compromiso formal, teórico, que de hecho ya existe y es recogido por la legislación, a diferentes niveles, sino una voluntad política realmente firme de aplicarlo en el día a día de la acción de los gobiernos y administraciones.
Tal y como se refleja en los informes elaborados por la Agencia Europea de Medio Ambiente bajo el título Lecciones tardías de alertas tempranas (Late lessons from early warnings), son muchos ya los ejemplos, que han sido objeto de un seguimiento por parte de la comunidad científica, que muestran como hasta ahora se ha estado fallando reiteradamente por no aplicar este principio. El saldo no es solo negativo para las naciones en términos estrictos de defensa de la salud y del medio ambiente sino también económicos por los costes sanitarios, de pérdida de servicios básicos de los ecosistemas, etc.
Con frecuencia, pese a la insistencia de la comunidad científica, la adopción de medidas para proteger la población se retrasa, a veces durante décadas, en ocasiones con un saldo grave. Ello se ha visto , por ejemplo, por la inacción frente al reto planteado por algunos contaminantes que ha traído como consecuencia severas consecuencias sanitarias y ambientales. Una de las razones, aparte de la resistencia de sectores económicos concretos que se ven concernidos y mueven toda clase de resortes para evitar regulaciones estrictas, es que se alega la no existencia de una certeza total acerca del riesgo de esos factores, cuando la propia dinámica de la ciencia, que pocas veces llega a aserciones categóricas y que siempre deja ciertos márgenes de duda, hace difícil que tal certeza plena pueda asegurarse incluso aunque sean muchas las evidencias.
Es evidente que, en general, los Estados no están dando una respuesta realmente satisfactoria a los retos planteados por la degradación del medio ambiente. Para conseguirlo, es esencial un enfoque más ambicioso del que suele adoptarse y que, con la herramienta básica de la aplicación del principio de precaución, exista la voluntad política de crear planes e instrumentos legales que permitan hacer frente de forma real y contundente, y en el margen de tiempo más breve posible, a una serie de amenazas sobre el medio ambiente y la salud humana. La entidad de algunos de los problemas que hoy se padecen, que se están saldando con la progresión de una serie de males sanitarios y ambientales a gran escala, hace que no solo no sea aconsejable esperar más, sino que lo convierte en algo totalmente irresponsable. Actuar ya es ineludible, sin que se espere a disponer de unas evidencias científicas que puedan ser consideradas absolutamente "incuestionables" cosa difícil, si no imposible de tener, en especial cuando no pocas veces existen sectores que alimentan artificialmente la existencia de dudas, al margen de las que siempre plantea la propia Ciencia por su naturaleza, buscando impedir o demorar la adopción de medidas
Uno de los ejemplos, aunque no es el único, en el que sería fundamental que el Gobierno español apostase por la aplicación del principio de precaución es el asunto de las sustancias químicas capaces de alterar el equilibrio hormonal del organismo humano. España debería posicionarse aliándose con las naciones más avanzadas en este asunto, siguiendo pasos que han sido dados por naciones como Francia, Dinamarca o Suecia, entre otras, centrando las decisiones en el conocimiento científico académico actual y no en sistemas de evaluación del riesgo que se reconocen como obsoletos. Todo ello a fin de aplicar un verdadero principio de precaución, y posicionarse en favor de la aplicación de criterios estrictos de regulación de estos contaminantes tanto a nivel nacional como a nivel internacional. En ese sentido, se han producido diferentes llamamientos de la comunidad científica internacional que fueron recogidos en España por la carta que SESPAS hizo llegar a las autoridades españolas sin que hasta ahora haya habido ninguna respuesta satisfactoria acerca de qué medidas reales van a tomarse para reducir la exposición de la población a estas sustancias que han sido asociadas a la progresión de muy serios problemas de salud que están en auge en nuestra sociedad.