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Europa no evalúa bien el riesgo de los pesticidas

Según un informe científico los fallos en los sistemas de evaluación de riesgo de los pesticidas podrían comprometer los planes para una "recuperación verde" del sector agrario tras el Covid 19.

Un informe publicado en una revista científica de la Universidad de Cambrigde y realizado por toxicólogos, abogados y expertos en políticas, ha denunciado graves fallos en los sistemas por los que se evalúa el riesgo de los pesticidas que se autorizan en la Unión Europea. Son unos fallos que pueden socavar de forma muy severa el objetivo de desarrollar una agricultura sostenible en el continente, como se pretende dentro de los planes de "recuperación verde" de la economía tras la pandemia del Covid 19 (y se expresa, por ejemplo, en la Estrategia Farm to Fork comunitaria incluida dentro del Pacto Verde Europeo). 13 Ministros europeos de clima y medio ambiente, 180 responsables políticos, líderes empresariales, investigadores y organizaciones no gubernamentales han hecho llamamientos a favor de ésa "recuperación verde", que podría verse comprometida si las cosas siguen como hasta ahora.

Según el nuevo documento, publicado en la European Journal of Risk Regulation, Europa no está implementando y haciendo cumplir sus propias regulaciones sobre pesticidas. Si bien el Reglamento de plaguicidas de la UE 1107/2009 es, sobre el papel, uno de los más estrictos del mundo, en la práctica se está muy lejos de lograr su objetivo de conseguir "una evaluación independiente, objetiva y transparente de los plaguicidas y lograr un alto nivel de protección para la salud y medio ambiente".

El informe, aunque se centra de un modo singular en casos más conocidos como el del herbicida glifosato, que toma como ejemplo, revela una lista de graves irregularidades que, en realidad, afectan de forma bastante generalizada a los métodos por los que se evalúa el riesgo de los centenares de pesticidas que están autorizados en la Unión Europea. Entre ellos, se destaca, por ejemplo, que se favorecen los estudios realizados por las propias industrias que quieren comercializar los pesticidas y que obviamente tienden a minimizar los riesgos de estas sustancias  frente a los de la ciencia académica que detectan efectos negativos. Se denuncia incluso que algunas agencias reguladoras en lugar de realizar una revisión objetiva de los estudios presentados por la industria, realizando su propia evaluación, hayan llegado al extremo de plagiar informes de la industria, sin criticarlos, y presentarlos como si fuesen su propio dictamen "independiente" a favor del uso de un pesticida. Se estaría produciendo, según denuncia la organización PAN Europe, tres de cuyos toxicólogos han participado en el informe publicado en European Journal of Risk Regulation un "uso indebido generalizado de la investigación científica, así como una errónea interpretación de la misma". También un "uso indebido de herramientas estadísticas y analíticas"

También se denuncia que cuando se aprueban los pesticidas se evalúa el riesgo de exponerse solo a pesticidas aislados, a pesar de que en la vida cotidiana las personas se exponen a mezclas de ellos y no a pesticidas aislados (un porcentaje apreciable de las frutas y verduras que se consumen en Europa tienen residuos de varios pesticidas a la vez y se sabe que el efecto de las mezclas puede ser muy superior al de los pesticidas aislados). También que no se evalúan adecuadamente los efectos de las formulaciones completas de cada producto que se pone a la venta, sino ante todo la de una sola de sus sustancias, el llamado principio activo, aunque, como se dice "los aditivos pueden cambiar el perfil de toxicidad del ingrediente activo". También, entre otras cuestiones, se apunta que no se están abordando debidamente "los conflictos de intereses dentro de las agencias reguladoras, lo que socava la independencia y la objetividad de las evaluaciones de pesticidas".

Como resultado de estos fallos, apunta PAN Europe  "muchos pesticidas están pasando por el proceso regulatorio y están siendo autorizados a pesar de su potencial para dañar la salud humana y animal y el medio ambiente". El problema, comentan, no es tanto por las leyes en sí mismas, aunque algunas de ellas debieran ser mejoradas, como por "el fallo de los organismos reguladores a la hora de implementar o hacer cumplir las leyes duras o "blandas" que rigen cómo se regulan los pesticidas". Por ello, los autores del informe proponen cambios "en la forma en que los reguladores llevan a cabo el proceso de evaluación de riesgos, así como en la forma en que se aplican los conocimientos científicos actuales y las herramientas analíticas científicas".

Se pide que se usen en mayor medida métodos de "revisión sistemática" para garantizar la objetividad y la transparencia en la evaluación de los resultados de los estudios que se tienen en cuenta en la evaluación de los riesgos; un uso adecuado del enfoque de “peso de la evidencia” de modo que se tengan en cuenta debidamente todos los tipos de evidencia diferentes que muestran que, por ejemplo, un pesticida puede ser cancerígeno (de forma que no se evalúen y descarten por separado, sino que se considere el peso conjunto de toda esa evidencia); evaluar la toxicidad de toda la formulación de los pesticidas y no solo la de una de sus sustancias aisladas ya que se sabe que su efecto puede ser mucho mayor; o que, entre otros aspectos,  los reguladores no se limiten a copiar lo que la industria dice acerca de la seguridad de los pesticidas que quieren vender sino que realicen evaluaciones objetivas e independientes.

El  informe se basa en el trabajo de un grupo interdisciplinario de científicos, abogados y formuladores de políticas, que en 2018 formaron la coalición Ciudadanos para la Ciencia en la Regulación de Pesticidas. Más de 140 ONGs se inscribieron en el manifiesto de la Coalición para exigir una reforma en la evaluación de riesgos con el fin de garantizar que el uso de pesticidas no cause daños a los humanos, los animales y el medio ambiente.

Ahora se está en un momento crucial, ya que la Comisión de la UE está preparando su estrategia Farm to Fork (F2F) como parte del Pacto Verde Europeo, con la meta de "asegurar un sistema alimentario justo, saludable y ecológico" que incluirá "medidas para reducir significativamente el uso y el riesgo de los pesticidas químicos".

Como afirma Angeliki Lyssimachou, uno de los autores del nuevo informe y oficial de políticas científicas de PAN Europe: "no se puede reducir el riesgo si la evaluación del riesgo no se realiza correctamente. Algunos pesticidas que han pasado por el proceso de autorización no deberían estar autorizados en absoluto, ya que son tóxicos. Los reguladores deben asegurarse de que los últimos conocimientos científicos y métodos de evaluación objetiva se implementen durante todo el procedimiento de evaluación".

Además de la Estrategia Farm to Fork, la Comisión debe publicar una evaluación sobre la legislación de pesticidas de la UE. Tal evaluación, que lleva mucho retraso, denominada REFIT (Regulatory Fitness and Performance programme) serviría pretendidamente para  evaluar "si las regulaciones satisfacen las necesidades de los ciudadanos, las empresas y las instituciones públicas de manera eficiente". Pero parece  que podría enfocarse para favorecer los intereses industriales debilitando la normativa. La crisis del Covid 19 ha pospuesto la publicación de los dos documentos y una serie de sectores presionan para que se retrase aún más y se supediten a intereses económicos.

Claire Robinson, una de las autoras del informe, opina que el "COVID-19 nos ha demostrado que la salud humana debe ser la prioridad y que la producción sostenible de alimentos es crucial. No podemos permitirnos más retrasos en la implementación de un programa saludable y sostenible, y un sistema alimentario resistente".  Por su parte, otro de sus autores, el investigador Christopher Portier apunta que "el rigor científico y la transparencia total son fundamentales tanto para la evaluación de los datos utilizados en la toma de decisiones regulatorias como para la confianza que el público tenga en esas evaluaciones"

Otras entidades se han sumado a lo expresado en el informe publicado por la European Journal of Risk Regulation. Según Carlos de Prada, periodista ambiental de FODESAM "un elemento crítico para cambiar el modelo es que se evalúen correctamente los riesgos para la salud y el medio ambiente de un sistema de producción agrícola basado en el uso masivo de pesticidas. La aplicación de métodos que encubren los riesgos reales, no solo pone en peligro la salud pública y el medio ambiente, sino que crea la apariencia falsa de que no existe necesidad de cambio. La actual crisis del coronavirus nos está mostrando lo importante que es la correcta evaluación de los riesgos, sean estos cuales sean, y la toma adecuada de medidas, y a tiempo. Algo que es válido también para los problemas de salud y ecológicos que puede estar ocasionando la contaminación química. Problemas de salud que, por otro lado, pueden redundar en una mayor fragilidad de nuestros organismos ante eventos como el que estamos padeciendo".

EL INFORME EN CUESTIÓN:

ROBINSON, C. et al. (2020). Achieving a High Level of Protection from Pesticides in Europe: Problems with the Current Risk Assessment Procedure and Solutions. European Journal of Risk Regulation, 1-31. doi:10.1017/err.2020.18

https://www.cambridge.org/core/journals/european-journal-of-risk-regulation/article/achieving-a-high-level-of-protection-from-pesticides-in-europe-problems-with-the-current-risk-assessment-procedure-and-solutions/1162DF6B1E3DF00FB801F484FD3ADB91

Enlace a la nota de prensa de PAN Europe:

https://www.pan-europe.info/press-releases/2020/04/new-academic-paper-condemns-pesticide-risk-assessment-practices-ahead-farm

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