Defensa de personas afectadas
En España hay gran cantidad de personas que padecen a consecuencia de problemas de salud ambiental. Pensemos en personas que viven en núcleos industriales polucionados o en empleados que trabajan en determinadas actividades donde se ven expuestos a una serie de sustancias contaminantes. Pero también en personas que a lo mejor piensan que no están expuestas a sustancias peligrosas, pero que sin embargo lo están, y mucho, a través de la dieta o de ciertos productos cotidianos que juzgan inofensivos .
También en colectivos de personas que son conscientes de padecer enfermedades a consecuencia de haber sido expuestas a sustancias tóxicas y que, sin embargo, no les es debidamente reconocida su condición de afectados por esas causas. Pero tambien pensemos, por ejemplo, en asociaciones de enfermos y enfermas a las que a pesar de que en un alto porcentaje sus enfermedades son ambientales, se les ha hurtado el conocimiento de ello por una serie de inercias e intereses no siempre confesables.
Hacer que estos colectivos de personas que son víctimas de la contaminación química sin saberlo abran los ojos es una prioridad, porque hoy probablemente la mayor parte de las personas que padecen por esta causa debe ser incluida en esta categoría.
Otras veces, es probable que un conjunto de personas no tengan problemas pero que un proyecto determinado pueda llegar a comprometer esa realidad. Pensemos, por ejemplo, en una comarca cuyo futuro se vea afectado por el proyecto de instalación de un basurero provincial, de una planta de gestión de residuos, una incineradora o cualquier otra actividad que pueda ser peligrosa o dañina para la salud o la Naturaleza. No es infrecuente que estas personas puedan necesitar un apoyo para intentar conjurar esas amenazas. Muchas veces es preciso apoyo para muchas cosas que van desde orientación para llegar a los medios de comunicación y en la búsqueda de soluciones jurídicas, de movilización social o técnicas.