3.Garantizar la buena gobernanza y la responsabilidad democrática.

Punto 3 del informe: Convertir el miedo en esperanza

Garantizar la buena gobernanza y la responsabilidad democrática. 

Se están tomando grandes decisiones que tendrán impactos durante muchos años. Necesitamos ver una buena gobernanza de la financiación que garantice la total transparencia acerca de en qué se gasta el dinero; pleno acceso público a la información sobre riesgos para la salud y condiciones ambientales; personas que están en el centro de la formulación de políticas a través del Pacto Climático y un compromiso sistemático con los jóvenes para garantizar que tengan voz en la configuración del futuro. Por lo tanto, necesitamos: 

• Garantizar el acceso total a la información ambiental y de salud para los ciudadanos en tiempo real. La crisis actual ha puesto de manifiesto los peligros del suministro tardío de información, o de no tener una cultura de comprender o prestar atención a los peligros futuros, así como el poder de la información temprana. Las respuestas democráticas solo pueden funcionar si los ciudadanos tienen suficiente información para continuar. Se necesitan mejoras en: la calidad y acerca de los riesgos de las aguas de baño (ya que existe un riesgo potencial de infección por Coronavirus a través de las aguas residuales), la calidad del aire en las ciudades (y los resultados de la investigación sobre los vínculos existentes entre esta polución y el coronavirus), los niveles de emisión (por ejemplo, emisiones industriales y registros de contaminación), riesgos para la salud en general, incluida la evaluación de riesgos futuros, como nuevos virus, amenazas de resistencia a los antimicrobianos, zonas de inundación por el cambio climático, riesgos para los cultivos por el cambio climático, y respuestas para mitigar los riesgos. 
• Tomar medidas concretas para evitar que el gobierno abrace un "estado de alarma" que erosione los derechos humanos y el estado de derecho. Los gobiernos no deben abusar de la crisis de COVID-19 y lanzar medidas que vayan más allá de lo que es absolutamente necesario para responder a la crisis, p. ej. medidas que infringen la privacidad, el debido proceso para legislar, los poderes y roles judiciales, o los derechos de los ciudadanos y la sociedad civil. Cualquier medida tomada debe ser proporcionada y tener como objetivo garantizar la seguridad pública. En particular, la libertad de expresión debe ser salvaguardada para aquellos que destacan los desafíos provocados por la situación actual. 
• Garantizar métodos responsables de rastreo de contactos: el uso de datos de teléfonos móviles para recopilar información sobre quién ha estado en estrecha proximidad con quién ha demostrado su eficacia en ciertos países asiáticos como una herramienta para prevenir la propagación de COVID-19, pero también ha generado preocupaciones sobre la erosión potencial de las libertades civiles. El uso de dichos datos debe basarse preferiblemente en un consentimiento explícito, pero como mínimo debe implicar una total transparencia sobre los niveles de monitoreo que se estén llevando a cabo. 
• Apoyar y mejorar el acceso a la justicia para los ciudadanos y la sociedad civil a fin de permitirles responsabilizar a los gobiernos de sus acciones y decisiones: reduciendo costos, otorgando la debida legitimación y mejorando la capacitación judicial para cubrir casos más amplios de medio ambiente y salud. A su debido tiempo, deben llevarse a cabo evaluaciones transparentes e imparciales de las decisiones tomadas durante esta crisis, para aprender y mejorar la gobernanza para futuras crisis. 
• Involucrar sistemáticamente a todos los sectores de la sociedad para que nadie quede excluido: garantizar una participación suficiente de los interesados para garantizar una toma de decisiones inclusiva y, por lo tanto, legítima. Durante la crisis de la corona, algunas reuniones virtuales han llevado a la exclusión de los principales interesados y es necesario abordar esta amenaza para el buen gobierno y la participación. La financiación para las organizaciones de la sociedad civil no debe verse comprometida por las respuestas de emergencia, ya que la sociedad civil es crucial para enfrentar la crisis y ayudar a que la sociedad se recupere. Las ONG que han perdido ingresos como resultado de la pandemia deberían incluirse entre las personas elegibles para la compensación.